El 18 de septiembre de 2026, la Inspección General de Justicia dictó la Resolución General 11/2026, que modifica las RG IGJ 15/2024 y 6/2017 y deroga normas anteriores. La resolución procura limitar el control registral a exigencias vinculadas con la publicidad y la seguridad jurídica, reducir costos y facilitar la inscripción de sociedades. Entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Principales novedades:
• Dictamen profesional: deja de exigirse para la constitución y ciertos trámites, aunque podrá presentarse voluntariamente o cuando una norma lo requiera.
• Objeto social: podrán incluirse actividades no conexas, sin adecuar el capital al objeto; las SAS podrán prever la realización de cualquier actividad lícita.
• Aportes: se amplían los medios para acreditar aportes dinerarios. Para montos de hasta dos salarios mínimos se admiten declaraciones juradas o actas de recepción. Se sistematizan los requisitos de los aportes no dinerarios y se regulan los activos virtuales; en las SAS, los socios podrán valuar por unanimidad estos aportes con respaldo declarado.
• Denominación y sede: podrán proponerse hasta tres denominaciones por treinta días. Asimismo, podrá declararse un correo electrónico con efectos frente a socios y terceros, sin reemplazar la sede física.
• Arbitraje y digitalización: los instrumentos constitutivos podrán incorporar cláusulas arbitrales obligatorias para la sociedad, socios e integrantes de sus órganos. También se actualizan las modalidades de instrumentación, firma y presentación digital, especialmente para las SAS.
• Inscripción: se redefine y simplifica la documentación constitutiva, incluyendo instrumento, sede, aceptación de cargos, aportes, publicación y manifestaciones sobre PEP y RePET, que en ciertos casos podrán incorporarse al propio instrumento.