27.09.19

Hoy, la Agencia de Acceso a la Información Pública (entidad gubernamental a cargo del cumplimiento de la Ley Nº 27.275 de Acceso de la Información Pública), dictó la Resolución 119/2019 que establece criterios orientadores para la interpretación de la mencionada ley, respecto a la clasificación y el tratamiento de la información pública. Dicha normativa será de observancia obligatoria únicamente para los sujetos enumerados en el artículo 7°, incisos a), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) y q) de la Ley Nº 27.275, es decir: (i) la Administración Pública Nacional y organismos descentralizados; (ii) las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal; (iii) concesionarios y licenciatarios de servicios públicos; (iv) partidos políticos, sindicatos y cualquier entidad privada a la que se le haya otorgado fondos públicos; (v) personas jurídicas no estatales reguladas por el derecho publico; (vi) fideicomisos, entes interjurisdiccionales y/o cooperadores con participación estatal; (vii) el Banco Central de la República Argentian; y (viii) los concesionarios y explotadores de juegos de azar.

La resolución establece 3 (tres) anexos con varios criterios y lineamientos, entre los que se destacan: (i) Designación de responsable de acceso a la información pública; (ii) Cómputo del plazo para responder una solicitud de información pública; (iii) Principio de disociación de datos en la respuesta a la solicitud e información parcial; (iv) Criterios de clasificación y desclasificación de la información; y (v) Lineamientos de buen gobierno y buenas prácticas de transparencia activa.

Los criterios orientadores que establece la resolución no son muy precisos en muchos aspectos con lo que deberán revisarse caso a caso.